El Tribunal Supremo solo acepta como excepción los casos en que deba verificarse si el trabajo prestado está conforme
La justicia acaba de dar un espaldarazo de peso al Gobierno en su estrategia por reducir los pagos de plazo a proveedores, que la ley establece como tope en 30 días para las administraciones públicas y el doble si es en el sector privado. El Tribunal Supremo ha declarado «nulo de pleno derecho» cualquier acuerdo entre empresas que supere esos márgenes temporales.
Fuente: El Norte de Castilla (25/Nov.)